En las últimas semanas al fin se ha abierto el debate sobre la estructura territorial del Estado español. Debemos al candidato Rubalcaba que haya sido quien haya puesto sobre la mesa una propuesta concreta de reforma basada en una revisión del papel de las diputaciones provinciales a partir de la que se ha abierto la discusión. En mi opinión la revisión de la organización territorial del Estado es una de las asignaturas pendientes en el proceso de reformas fundamentales que a partir de la crisis esta siendo necesario emprender.
Hasta ahora la búsqueda de la máxima equidad interterritorial posible y el máximo desarrollo de las competencias autonómicas contempladas en la Constitución Española operaban como restricciones de mayor importancia que la pura eficiencia, de modo que se aceptaba un cierto nivel de ineficiencia en el gasto como un esfuerzo perfectamente asumible. Sin embargo, la profunda y duradera crisis económica actual ha situado a la búsqueda de una mayor eficiencia territorial en primerísimo plano consientes de que ahora sin una mayor eficiencia peligra todo lo demás. Es en este contexto en el que surge la interesante propuesta de Rubalcaba. Los detalles de organización provincial en juntas de alcaldes me resultan un tanto confusos y me gustaría ver las opiniones de los juristas. Respecto a la parte económica la idea parece que mejora la eficiencia sin que necesariamente se generen perdidas de equidad ni entiendo que se altere ningún principio constitucional. Me temo, sin embargo, que esta reforma no es en absoluto suficiente.
Para mejorar la eficiencia de la estructura territorial de un Estado no basta con eliminar instituciones. La mejoras de eficiencia más contundentes se alcanzan cuando se revisa el nivel espacial al que se aplica cada política. Desde el Laboratorio de Investigación en Economía Regional que coordino dentro de la Universidad de Oviedo (REGIOlab) hemos ratificado en diversos estudios académicos que el nivel de actuación de políticas económicas claves en nuestro país no encaja, en demasiadas ocasiones, con la estructura territorial española más basada en los criterios culturales y geográficos que en los económicos. Así ocurre por ejemplo con las políticas activas de empleo diseñadas para una aplicación homogénea en regiones que, sin embargo, contienen mercados de trabajo locales muy diferentes entre sí. Sería necesario revisar el nivel optimo desde el que implementar muchas políticas, lo que requiere una reflexión profunda.
Otro elemento crucial consiste en situar siempre el gasto público y los instrumentos recaudatorios en un mismo nivel. Esto, que es fundamental en general, resulta especialmente importante para las administraciones locales. Durante los últimos años los Ayuntamientos han podido soportar incrementos de sus responsabilidades gracias a la creciente fuente de ingresos que en muchos casos supuso el “boom” inmobiliario. Sin un sector inmobiliario en crecimiento muchos municipios ven como se mantienen las responsabilidades adquiridas mientras caen dramáticamente los ingresos. Es necesario dotar a los Ayuntamientos de un mayor poder recaudatorio que permita además que los ciudadanos puedan juzgar con mayor precisión a sus gobiernos locales al ver como sus políticas se traducen en subidas o bajadas de impuestos.
Por último, puestos a aplicar una política de reajuste de instituciones territoriales dirigiría la mirada precisamente sobre los Ayuntamientos. Dos apuntes finales breves sobre ello.
Primero, en España hay 8.108 municipios, con sus respectivos alcaldes y funcionarios. De ellos, según los datos del Censo de 2001, 7.530 tienen menos de 10.000 habitantes. El lector puede imaginarse el inmenso ahorro que se lograría si hiciésemos algún tipo de ajuste sobre el modo de funcionar de los municipios de menos 10.000 habitantes. Desde luego este ajuste debe hacerse garantizando un acceso equitativito a los servicios públicos desde cualquier lugar de España, incluyendo las zonas rurales menos pobladas. Pero podemos perfectamente buscar un modelo que permita agrupar municipios por zonas creando oficinas virtualmente conectadas desde las que con muy poco personal y uso de nuevas tecnologías se pueden prestar prácticamente todos los servicios y hacer todas las gestiones de la Administración. No me invento nada, hay muy pocos países que mantengan una estructura local tan ineficiente como la española y los que la tenían la están reformando aunque sea por imposición externa, véase Grecia y Portugal. Para buscar formulas eficientes podemos mirar a la estructura organizativa de EEUU donde todo municipio con menos de 40.000 habitantes es administrado como una comunidad de vecinos con un gestor controlado por una junta de representantes vecinales no remunerados.
Segundo, al mismo tiempo en las zonas ampliamente pobladas, las grandes áreas metropolitanas, también existe una preocupante disfunción organizativa. Las ciudades españolas han crecido mucho y son pocas las que no se han expandido más allá de su municipio creando áreas metropolitanas reales que no tienen reflejo administrativo. Sólo la Región Metropolitana de Barcelona se ha organizado a un nivel supra-municipal, aunque ya otras metrópolis como Madrid, el Bilbao metropolitano y algunos casos más hayan dado pasos firmes en este sentido. Sin embargo, las áreas metropolitanas han aparecido por todo el mapa nacional desparramándose por encima de las fronteras de municipios descoordinados políticamente entre si. Uno de los casos más significativos, aunque no el único, lo tenemos precisamente en el centro de Asturias.
Espero que el debate político se amplíe y no quede en la discusión sobre la reforma de las diputaciones provinciales. La estructura territorial de España ha cambiado profundamente en los últimos veinte años y se hacen imprescindibles cambios en la Administración territorial.
Publicado en La Nueva España el 26 de agosto de 2011.
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